Reconstrucción de Manabí: En duda la instalación de la audiencia preparatoria por la recusación de Glas al juez

Representante. La Corte Nacional de Justicia debe enviar una terna para la designación de su representante en la Judicatura.

El juez nacional Julio César Inga hizo la primera convocatoria para la audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. La diligencia está prevista para el martes 28 de mayo de 2024 a las 08:30. La Fiscalía investigó un posible delito de peculado en contra del exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Bernal y otras siete personas.

Según la convocatoria, la audiencia se realizará en una de las salas del octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la instalación de la diligencia es incierta.

¿La razón? El exvicepresidente Glas presentó una demanda de recusación en contra del juez Inga. Eso significa que el exfuncionario quiere que Julio César Inga deje de conocer el caso sobre el presunto abuso de dineros públicos que, según la Fiscalía, se habría materializado utilizando fondos de la Ley de Solidaridad y no intervenga en la audiencia preparatoria de juicio fijada para el 28 de mayo. Lea también: «Caso Reconstrucción: Seis sospechosos serán vinculados al caso de peculado que se sigue contra Glas«

La recusación se presentó el viernes 17 de mayo a las 15:56. Por sorteo la causa le correspondió conocer al juez nacional Felipe Córdova. En el momento en el que Córdova notifique al juez con la demanda Julio Inga perderá la competencia del caso. Aún no existe ni notificación ni fecha para resolver el pedido.

Antes que concluya la instrucción fiscal en esta causa la Procuraduría presentó acusación particular.

Durante la formulación de cargos del caso la fiscal Diana Salazar le dijo al juez que el Comité para la Reconstrucción de Manabí, presidido por Glas, priorizó proyectos según la propuesta presentada por la Secretaría Técnica, pero que no cumplían con las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez.

Recordó que en la sesión del Comité del 22 de mayo de 2017 se ratificó la priorización de 584 proyectos, luego de la exposición presentada por Pablo Ortiz, en la que se habrían incluido otros sectores que no fueron conocidos en sesiones anteriores y sin que se contara con la aprobación de los otros miembros del Comité en esa fecha. Ese, según la Fiscalía, habría sido un mecanismo para eludir procedimientos de contratación pública al priorizarse proyectos distintos a los que debían ser catalogados como emergentes y favorecer a terceros en perjuicio del Estado.

El abuso de dinero público habría sido en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos. La investigación se concentró en 30 proyectos a cargo de seis entidades ejecutoras por 367,4 millones de dólares. Todos financiados con fondos de la Ley de Solidaridad.

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