Prisión para dos abogados y ocho posibles miembros del grupo delincuencial Los Choneros

Las evidencias recolectadas en la captura de alias Lucho.

La madrugada de este viernes 9 de febrero de 2024, pasadas las 02:44, concluyó la audiencia telemática para 14 personas sospechosas de presunta delincuencia organizada. Para 10 de ellas, el juez Christian Luvin Quito, de la Unidad  Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dictó la prisión preventiva.

Entre los procesados se encuentran al menos tres abogados de los detenidos, un miembro de la Policía Nacional en servicio activo y dos funcionarios del Consejo de la Judicatura. Este organismo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

La audiencia se instaló en un segundo intento de la justicia por procesar a ocho presuntos miembros de la organización delincuencial Los Choneros quienes fueron apresados la madrugada del pasado 7 de febrero por el Bloque de Seguridad conformado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que realizó una operación militar en el sector La Bramadora, cantón El Carmen, provincia de Manabí. En la acción, de acuerdo con información de Fuerzas Armadas, fueron detenidas nueve personas. Una de ellas era conocida como alias Lucho, quien es considerado como cabecilla de Los Choneros que, según la información militar, operaría con al menos 50 personas entre sicarios y colaboradores.

La audiencia de calificación de flagrancia debía instalarse hasta la madrugada del 8 de febrero. Sin embargo, el juez no habría podido instalar la audiencia telemática por posibles fallas en la conexión de la plataforma Zoom dispuesta para la diligencia. La audiencia no se pudo realizar de forma presencial porque debía hacerse la conexión con un juez anticorrupción de Quito, el fiscal a cargo del caso estaba en El Carmen, Manabí y los sospechosos se encontraban en Santo Domingo, por seguridad. Fue esa la que habría presentado fallas.

Los detenidos y las evidencias se habían trasladado a la Unidad Judicial de Santo Domingo. El posible boicot en la audiencia por el error de conexión representó la liberación de los ocho supuestos Choneros. Sin embargo, de inmediato hubo una nueva orden de aprehensión para ellos. Según el parte policial del caso, personal de la Jefatura de Policía Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por pedido fiscal y con autorización judicial, detuvo a los ciudadanos en flagrancia como sospechosos de incurrir en el presunto delito tipificado en artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Lea también: «6.626 aprehendidos y 80.00 operaciones, en el primer mes del estado de excepción»

Además, se reportó la detención de seis ciudadanos más. Ellos fueron señalados por su presunta participación y responsabilidad en la demora de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos de los aprehendidos en el supuesto delito, luego de las 24 horas de flagrancia. Se trata de tres abogados y un capitán de Policía en servicio activo quien estaría prestando funciones en la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), según se detalla en el parte policial.

Entre los encausados también se encuentran dos funcionarios de la Judicatura. Una de ellos cumpliría las funciones de analista de gestión procesal, según se reporta en la página de la Judicatura. Ella no habría respondido el teléfono para la conexión telemática. A pesar del señalamiento hacia la funcionaria, según una resolución del Consejo es ese organismo el que debe dar las facilidades para la conexión.

Inicialmente los detenidos (abogados y policía) fueron ingresados en la zona de aislamiento temporal hasta que se resuelva su situación jurídica. El señalamiento sería de posible obstrucción a la justicia por presuntamente tratar de evitar que la audiencia de flagrancia se concrete y con el fin de que los procesados salgan en libertad por cumplirse las 24 horas sin procesamiento.

Los presuntos miembros de la agrupación delictiva Los Choneros y dos abogados que les defendían recibieron orden de prisión preventiva. Nueve serán llevados a la cárcel de Bahía de Caráquez, en Manabí y el décimo será recluido en la cárcel de Santo Domingo.

Entre las evidencias los militares encontraron un fusil, tres pistolas, municiones, ocho celulares, una alimentadora, tres carabinas, cuatro cargadores de municiones 9mm, cartuchos, dos uniformes policiales, dos granadas de mano tipo piña, un chaleco militare de combate del Ejército de Colombia y un chaleco de la Policía perteneciente al Grupo Operativo Movil (GOM).

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