Caso Reconstrucción: Seis sospechosos serán vinculados al caso de peculado que se sigue contra Glas

Expediente. La Fiscalía vinculará a seis sospechosos al caso de la reconstrucción de Manabí.

La instrucción fiscal por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí que se sigue en contra del exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz contará, desde este lunes 1 de abril de 2024, con seis nuevos sospechosos del posible delito.

Se trata del exministro y exsecretario del Agua del correísmo Walter Solís, Franklin Bernal, Boris Córdova, Omar Chamorro, Víctor Jaramillo y Milton Maldonado. Ellos serán vinculados al expediente que lleva la Fiscalía a las 14:00 de este lunes, según la disposición de la jueza nacional ponente Ruta Bravo Quijano, quien asumió el despacho del exjuez Luis Rivera.

¿Quiénes son los vinculados?

  • Walter Solís y Boris Córdova: exministros de Transporte y Obras Públicas
  • Omar Chamarro y Franklin Bernal: exsubsecretarios de Obras Públicas
  • Milton Maldonado: exdirector de Inmobiliar
  • Víctor Jaramillo: exdirector del SERCOP

La formulación de cargos para Glas, Bernal y Ortiz se desarrolló el 5 de enero de 2024. El 17 de diciembre de 2023, alrededor de dos semanas antes de la diligencia que había sufrido varios incidentes que impidieron su instalación, Glas ingresó a la Embajada de México en Quito en calidad de huésped.

La Fiscalía formuló cargos para él en el grado de autor de posible peculado. La sospecha en contra de los procesados fue que posiblemente habrían ejercido del dinero que los ecuatorianos provenientes de la elevación de dos puntos en el IVA como contribución para aliviar los daños provocados por el terremoto del 16 de abril de 2016 registrado en Manabí y Esmeraldas.

¿Cómo inició éste abuso? La Fiscalía cita varios hechos. El punto de partida fue el 26 de abril de 2016 con la creación del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva para ejecutar la construcción y reconstrucción de infraestructura necesaria para mitigar los efectos del terremoto e implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para dicha reactivación, producción y de empleo en las zonas afectadas.

Fue presidido por el exvicepresidente Jorge Glas. Su principal atribución giraba en torno a identificar y priorizar proyectos, planes, programas y políticas para impulsar las etapas de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Las atribuciones del presidente del Comité eran dirigir todos esos programas, políticas y proyectos que se presenten dentro del plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

La coordinación y seguimiento debía estar a cargo de la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción estaba presidida por Carlos Bernal quien tenía la facultad de hacer el seguimiento del avance de los trabajos en cada eje de acción del Comité y presentar informes trimestrales de avance de los proyectos de trabajos. En mayo del 2016 se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas. Su propósito principal era recaudar contribuciones solidarias.

¿Cuánto dinero se recaudó? Según información del Ministerio de Economía, desde 2016 hasta 2020 el monto de las contribuciones solidarias y 2 % del IVA fue de 1.614 millones de dólares. Según la Fiscalía, en lugar de impulsar los proyectos para la reconstrucción de las zonas afectadas, el Comité presidido por Glas priorizó proyectos en los sectores de viabilidad, educación, vivienda, salud, electricidad, seguridad, inclusión económica, agua potable y saneamiento acorde con la propuesta presentada por la Secretaría Técnica pero que no cumplían con la justificación ni motivación de las condiciones de necesidad, imprevisibilidad, emergencia e inmediatez. Es ahí que, según la Fiscalía, radicó el abuso que añadió que, en la sesión del Comité del 22 de mayo de 2017, se resolvió ratificar la priorización de 584 proyectos luego de la exposición realizada por Pablo Ortiz, gerente de Ecuador Estratégico.

La Fiscalía afirmó que los proyectos eran de beneficio para los investigados que “abusaron de esta circunstancia para priorizar aquellos proyectos que eran de su intereses personal, es así que esto era un medio para eludir procedimientos de contratación pública al priorizarse proyectos distintos a los que debían ser catalogados como emergentes y favorecer a terceros en perjuicio del Estado”.

Al declarar como prioritarios los proyectos se evitaban cumplir con las reglas de la contratación pública de manera regular u ordinaria. La Fiscalía centró su investigación en 30 proyectos a cargo de seis entidades ejecutoras: Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico, Inmobiliar, Midena, Miduvi, Mtop, Secob 367 millones de dólares que fueron  financiados con fondos de la Ley de Solidaridad. Hasta helicópteros se arreglaron con el dinero de la reconstrucción.

La investigación dio cuenta que existieron obras que no se ajustaban a la emergencia por el terremoto. Por ejemplo, la construcción de la carretera la Y de Mataje-Puente Mataje de 17 km, la construcción del puente internacional sobre el Río Mataje, el Tramo de Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio-Colisa; Parque Las Vegas, Centros de Atención Ciudadana de Esmeraldas y Portoviejo.

El Comité aprobó un monto de 136 millones en otros casos a pretexto de que se reactivarían fuentes de empleo se destinaron fondos para la Construcción de las denominadas Facilidades Pesqueras en Chamanga, Cojimíes, Puerto López, Arenales de Crucita y para construir el Espigón de Sacrificio del Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, que nunca cumplieron con el propósito y que fueron aprobados por el Comité por 33 millones. Mientras existían proyectos prioritarios como los Reasentamientos denominados Sí mi casa, Muisne III, Ciudad Jardín, Nueva Chamanga, San Cayetano, El Guabito, Nueva Chorrera, Cristo del Consuelo, El Matal, Don Juan, Canoa, y Jama Centro que no respondieron a una política homogénea y correctamente estructurada para beneficiar a todos los damnificados.

Con la vinculación de los nuevos procesados el expediente se extenderá por 30 días más y concluirá los primeros días de mayo. Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos.

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