Caso Purga: Fiscalía evidencia estructura para favorecer intereses particulares y del narcotráfico

En la Corte Nacional se instaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Purga.

De favorecer intereses particulares e incluso del narcotráfico. Fue la acusación que presentó la fiscal Diana Salazar en contra de una estructura delincuencial que habría sido liderada por el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y Johann Marfetán. Ellos habrían recibido la colaboración de al menos nueve personas. La mayoría jueces de la Corte de Guayas.

El operativo se denominó Purga. Se ejecutó la madrugada de este lunes 4 de marzo de 2022. Hubo al menos 12 personas detenidas para asegurar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos que se cumplió desde la noche de este lunes hasta la madrugada de este jueves 5 de marzo.

Previo a la presentación de los cargos el juez del caso Javier de la Cadena calificó la legalidad de la detención de los procesados. Varios de los defensores argumentaron posibles ilegalidades que el juez consideró que no existían. El juez Javier de la Cadena instaló cerca de las 21:00 de este lunes 4 de marzo de 2024 la audiencia de formulación de cargos en contra de 12 sospechosos de posible delincuencia organizada en el caso Purga, derivado del caso Metástasis. A la sala de audiencias de la Corte ubicada en el auditorio de la Corte ingresaron los sospechosos.

Según la fiscal Salazar, “partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias ‘Fito’, además de intereses individuales”.

Del exasambleísta Muentes la fiscal aseguró entre 2021 y 2023, a través de sus acciones reñidas con la Ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas en beneficio de sus intereses. Lo señaló como uno de los líderes de la organización delictiva. Señaló que habría financiado la campaña y la operatividad de la expresidenta de la Corte Fabiola Gallardo.

Luego de ser escogido en las elecciones de febrero de 2021 el exlegislador habría escogido a Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, por pedido de Gallardo para trabajar en la campaña comunicacional con miras a ganar la elección como titular de la Corte de Guayas.

Refirió que los honorarios de Salazar se habrían pactado en el domicilio de Muentes. Eran 2.500 dólares mensuales y en efectivo. Como resultado de la intervención Muentes y su esposa Mercedes Alvarado se habrían beneficiado de fallos judiciales para obtener una indemnización de cuatro millones de dólares del Banco del pacífico por daños causados, como un resultado de un habeas data en contra de la entidad bancaria con el uso de documentos de pago falsos y adulterados.

También el primo del exlegislador habría obtenido un habeas data para apropiarse de un terreno en Durán sin soporte que legitime la propiedad del mismo. El primo de Muentes tendría como actividad comercial la venta de sánduches.

Adicionalmente, la fiscal dijo que usando su poder político habría logrado que se archiven cuatro sumarios administrativos abiertos a Gallardo con la colaboración de la directora de la Judicatura de Guayas y su asesor, también investigados.

De Gallardo la fiscal mencionó que ganó las elecciones por el trabajo comunicacional de Salazar. Ella habría intervenido en decisiones judiciales como la acción de protección con medida cautelar por 30 millones de dólares presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito. De lo que expuso la fiscal, las causas se resolvían en apelación. En este caso, a cambio de resolver en favor de los demandantes el Cuerpo de Ingenieros habría hecho la remodelación del piso del salón de la Presidencia de la Corte de Guayas.

La fiscal manifestó que Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a alias Fito para obtener “un beneficio económico a cambio de su fallo, toda vez que era parte del tribunal asignado para conocer la apelación del SNAI ante la decisión de otro juez para que Adolfo Macías Villamar regrese de La Roca a la cárcel de Guayaquil.

De Johann Marfetán, juez de la Sala Penal de la Corte de Guayas mencionó que habría facilitado la manipulación de la justicia en un habeas data y sería uno de los líderes de la organización delincuencial. Habría tenido relación cercana con Muentes e integró la sala que ratificó el fallo en el caso Banco del Pacífico.

Saúl Alberto Mero, fue descrito como asesor y mano derecha de la directora del Consejo de la Judicatura de Guayas habría participado con la organización delictiva para archivar sumarios administrativos a favor de la expresidenta de la Corte.

Guillermo Valarezo, juez de la Corte de Guayas fue parte del Tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una demanda de acción de protección, a cambio de una remodelación en la Corte, dijo la fiscal.

Los jueces Nelson Ponce y Ramos Alberto habrían beneficiado a Muentes y a su esposa con fallos judiciales. Henry Tumbaco fue parte del tribunal de apelación que habría aceptado una acción de protección en favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de la remodelación de la Corte.

Ruth Solano, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército habría pagado una remodelación en la Corte, a cambio de un fallo a favor de una acción de protección. Mónica Alvarado, esposa de Muentes se habría beneficiado de los fallos judiciales dictados.

Fausto Alarcón, primo de Muentes, se habría beneficiado de recursos de habeas data para apropiarse de varias hectáreas de terreno de forma irregular. A la 01:11 de este martes la fiscal Salazar continuaba con la exposición de los elementos de convicción recopilados en contra de los sospechosos de delincuencia organizada. La madrugada de este martes 5 de marzo la audiencia continuaba en la Corte Nacional de Justicia.

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