Caso Plaga: La Judicatura suspende a siete jueces investigados por posible delincuencia organizada

Sesión de la Judicatura en la que se suspendió a siete jueces y a una secretaria.

Durante ese tiempo los funcionarios vinculados al expediente de presunta delincuencia organizada no recibirán remuneración

Entre los judiciales sospechosos de posible delincuencia organizada que fueron vinculados por la Fiscalía al expediente por el caso Plaga el fin de semana pasado se encuentran siete jueces de Santo Domingo y una secretaria.

Para ellos el Consejo de la Judicatura adoptó medidas este viernes 5 de julio del 2024 durante la sesión ordinaria No. 076-2024. Con el voto unánime de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente del organismo Álvaro Román, el pleno resolvió la suspensión en sus funciones a siete jueces y una secretaria de Corte Provincial de Santo Domingo. Ellos son investigados por presunta delincuencia organizada en el caso Plaga. La medida regirá por tres meses y alcanza a sus remuneraciones.

En un comunicado la Judicatura señaló que los judiciales prestaban servicios en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Guayas. Los involucrados presuntamente incurrieron en la falta disciplinaria gravísima, prevista en el artículo 109.11. ¿Qué dice la norma? Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características ponen en tela de juicio la imparcialidad del servidor judicial. 

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía en la audiencia de vinculación los tres jueces de la Corte de Santo Domingo habrían colaborado con la estructura delincuencial del caso Plaga al favorecer con un habeas corpus para favorecer a un procesado por tráfico de migrantes. A cambio habrían recibido 60.000 dólares que habrían sido gestionados por el abogado Christian Romero quien defendió al narcotraficante asesinado Leandro Norero y al expresidente Abdalá Bucaram, entre otros casos.

Mientras que la secretaria de la Corte Provincial habría incurrido en las faltas gravísimas previstas en los artículos 109.11, 109.12, 109.13 y 109.19 de la misma norma. El pleno también dispuso que los expedientes abiertos en contra de los sumariados sean remitidos a las direcciones provinciales respectivas para que se continúen las acciones disciplinarias correspondientes de manera urgente.

De los funcionarios señalados, seis pertenecen a Santo Domingo. Tres son jueces de la Corte de esa provincia, un juez de primer nivel de la Unidad de Garantías Penitenciarias, un juez de la Unidad Penal con sede en Santo Domingo y la secretaria de la Corte provincial. Los restantes son: un juez de la Unidad Multicompetente de Huaquillas en el Oro y una juez de la Unidad Judicial de Milagro en Guayas.

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