Caso Nos faltan 3: La disposición de desclasificar tres actas es recibida con esperanza por familiares

Protestas. Familiares y amigos del equipo de El Comercio realizaron plantones afuera del Palacio de Gobierno. (Cortesía)

Por disposición de la Corte Constitucional en un plazo de 30 días el secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) deberá entregar, mediante declaración juramentada, las actas 18 del 28 de marzo, la 19 del 13 de abril y la 20 del 17 de abril de 2028 a Ricardo Rivas, Galo Ortega y Christian Segarra.

Ellos son los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio que fue secuestrado en Mataje, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el 26 de marzo de 2018. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra habían acudido a una cobertura periodística para evidencia la situación de violencia que se registraba esa zona fronteriza con Colombia. Pocos días antes, una patrulla militar fue emboscada en Mataje en un atentado con explosivos en el que murieron cinco miembros de la Armada.

Tras el secuestro el equipo fue trasladado a Colombia por los captores, los miembros del grupo delincuencial Óliver Sinisterra. Ellos fueron asesinados en abril del mismo año. Las imágenes de los miembros del equipo que fue ejecutado con disparos se difundió en fotografías enviadas a un oficial de la Policía que tenía contacto con miembros de esa agrupación.

La Corte Constitucional aceptó una demanda de desclasificación de la información que presentaron los familiares de las víctimas y fue acogida sobre las partes que se relaciones exclusivamente con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico. Además de las actas se desclasificarán los audios, transcripciones y la lista de asistentes a las sesiones del Cosepe en lo relacionado con el secuestro y asesinato.

Según la sentencia, el secretario del Cosepe, dentro de los cinco días siguientes, contados desde el cumplimiento de la medida, deberá presentar a la Corte un informe del cumplimiento con el detalle de la información entregada a los solicitantes.

En el fallo hubo un llamado de atención al Ministerio de Defensa, a la ExSecretaría Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior por no presentar la resolución de la clasificación de las mencionadas actas de las sesiones del Cosepe.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl, el cronista gráfico de El Comercio, la resolución de la Corte es un factor importante porque y esperan “encontrar a través de las actas 18, 19 y 20, ver las acciones de las autoridades de turno, cuál fue su participación, qué negociaron, qué no negociaron, cuáles fueron los escenarios, las operaciones que se dieron en torno a esos temas”. Para él es fundamental para determinar posibles responsabilidades estatales a todo nivel por omisión que sería lo más adecuado.

Rivas opina que es un paso más en la defensa de los derechos humanos en este tema de Paúl, Efraín y Javier y considera que “nos puede abrir las puertas para que la Fiscalía ya no se escude en no investigar el caso y tenerle seis años en investigación previa”.

Galo Ortega, papá de Javier señaló que «de todas formas la noticia para nosotros es motivadora y por lo menos me da la esperanza, ya que siempre no hemos tenido algo positivo».

En 2018 en total fueron asesinadas 10 personas en la zona de frontera en manos del grupo irregular Óliver Sinisterra. Entre ellos se encuentra la pareja formada por Óscar y Katty y un uniformado secuestrado en el sector de Tobar Donoso, en Carchi frontera con Colombia.

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