Caso Metástasis: Seguridad, libertad e impunidad, objetivos de la estructura de Norero

Audiencia de vinculación del caso Metástasis en la Corte Nacional.

El juez nacional Felipe Córdova definía la noche de este viernes 15 de marzo de 2024 si dictaba la prisión de 12 de los 13 sospechosos a quienes la fiscal Diana Salazar vinculó al expediente del caso Metástasis que investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

La resolución judicial debía anunciarse la noche de este viernes luego del análisis que hizo el juez de los elementos de convicción presentados por la fiscal en contra de los procesados y el análisis de las exposiciones de los defensores de los investigados.

La fiscal Salazar hizo la segunda vinculación en el caso que tiene en la cárcel al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y bajo la lupa a policías como Pablo Ramírez, general retirado de la Policía y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), prófugos a abogados como Christian Romero, exdefensor de Norero y procesado al empresario radicado en Miami, Xavier Jordán.

En esta ocasión el turno fue del exasambleísta correísta Ronny Aleaga, fuera del país desde diciembre del año pasado, de la exfiscal de Guayas Yanina Villagómez, dos integrantes de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, funcionarios del SNAI, entre otros.

Salazar recordó que lo que eran murmuraciones en la sociedad sobre la impunidad en la justicia el 13 de diciembre de 2023 aterrizó en una “radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia, nuestra política y cómo ésta ha sido vejada sin discriminación por parte de todos los niveles de la institucionalidad: jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios y un largo etc.”.

Dijo además que el caso Metástasis revela como el sistema de justicia está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si es que no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas.

Mencionó que en los celulares encontrados al narcotraficante Leandro Norero se encontraron evidencias con las que habría montado su aparataje comunicacional para configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia. La información dio cuenta que desde la cárcel de Cotopaxi se gestó la presunta empresa criminal desde mayo de 2022 cuando el narcotraficante y sus familiares fueron detenidos en un caso de lavado de activos. Mencionó tres objetivos de la estructura. La seguridad dentro de la cárcel por eso la participación del SNAI con su director hasta los guías.

La libertad con la intervención de los operadores de justicia y la impunidad con la intervención de otros actores, incluso de la política. Esos fueron los beneficios que no podrían conseguir si no participaban los actores investigados. Para eso unieron corrupción y delincuencia organizada. De esta última mencionó: financiamiento, planificación, dirección que se conjugaban con la participación y aporte de la cúpula criminal en donde ya se han identificado a otros miembros de la organización como Gilmar Campuzano, Christian Romero, Daniel Salcedo, Xavier Jordán, Helive Angulo y Xavier Novillo. Cada uno de ellos tuvo propósito de cometer otros delitos para conseguir la seguridad, libertad e impunidad de Norero y familiares.

Para ellos contaron con colaboradores (los 13 vinculados) que facilitaban a cada uno de los líderes la ejecución de las finalidades del grupo criminal organizado, reseñó la fiscal.

¿Cuál fue la intervención de Ronny Aleaga? La fiscal afirmó que su participación fue en la tercera arista de Norero, lograr la impunidad porque gracias a su posición como asambleísta nacional y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

¿La razón? A raíz del proceso por lavado de activos y la filtración de la foto de la piscina en la que se encontraba, según la fiscal, el líder de la organización Xavier Jordán, surgieron dijo, varios relacionamientos públicos entre la cúpula de la delincuencia y sus colaboradores. Esa difusión mediática despertó la preocupación de los involucrados, especialmente en Jordán. Al verse expuestos los miembros de la estructura, cuyo éxito es permanecer en la clandestinidad, vino la participación de Aleaga. “Ronny Aleaga, alias el Ruso, que estaban direccionados a silenciar a la persona y como en efecto lograron hacerlo, a la persona que representaba la mayor fuente de revelación de sus actividades delictivas: el candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio lo silenciaron finalmente”, puntualizó.

Villavicencio ya había denunciado los hilos de la mafia manejados por Xavier Jordán y Leandro Norero. Esas declaraciones le valieron enfrentamientos en el pleno de la Asamblea con Aleaga y Metástasis es la confirmación de esas revelaciones, comentó la fiscal. “Valiéndose de su posición como legislador de la provincia del Guayas mal utilizó sus facultades fiscalizadoras para solicitar información respecto a posibles investigaciones que la Fiscalía habría iniciado en contra de Xavier Jordán que ahora sabemos, solamente estaba respondiendo a las órdenes de su líder, no del líder prófugo, del otro líder prófugo, Xavier Jordán”, reseñó la fiscal.

«Valiéndose de su posición como legislador de la provincia del Guayas mal utilizó sus facultades fiscalizadoras para solicitar información«.

Diana Salazar, fiscal General del Estado

Aleaga, como colaborador de la estructura, “se aseguraba de callar a las voces capaces de entorpecer esa operatividad criminal, así de comunicar los trabajos desarrollados en el marco de la fiscalización, del control político a fin de guiar las decisiones que se tomen en su gestión delictiva”. Añadió que el exlegislador y miembro de un grupo urbano no estaba para realizar las leyes, estaba para acompañar la estrategia de persecución a sus opositores, para callarlos ya sea mediante la presentación de denuncias o de informes. Él pidió que se le permita defenderse en libertad. Eso a pesar de que en sus redes sociales ha desacreditado las investigaciones.

Luego la fiscal detalló cada una de las intervenciones de los demás sospechosos. Entre ellas, las dos integrantes de la Comisión de Pacificación de las Cárceles que habrían recibido dinero de Norero a cambio de privilegios, entre otros.

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