Caso Encuentro: La Procuraduría presentó acusación particular para siete de 10 procesados

Apelación: La Corte de Pichincha negó la apelación de la prisión de dos procesadas.

La instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro concluyó. La Procuraduría presentó acusación particular para siete de 10 procesados. Ellos son: Danilo Carrera, Hernán Luque, Antonio Icaza, Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen Cornejo y Ericka Farías. No fueron acusados Jorge Orbe, Julio César León y Roberto Bueno. La acusación ya fue calificada por el juez del caso.

Cornejo y Farías fueron vinculadas al expediente por una presunta participación en contratos millonarios. Según la Fiscalía, ellas tendrían relación con el sospechoso el empresario Leonardo Cortázar. Ambas habían apelado de la prisión preventiva. Pero un tribunal de la Corte de Pichincha les negó el recurso. Ellas no están detenidas.

Principalmente la Procuraduría acusa a Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso «como supuesto líder de la estructura criminal que operaba en las empresas públicas, quien por sus conexiones familiares, habría tenido injerencia en las decisiones de designar puestos estratégicos en el Gobierno Nacional, en el período 2021-2023″. Entre otras cosas cita fragmentos de la versión del periodista Anderson Boscán Pico.

De Hernán Luque, actualmente preso en Argentina y con pedido de extradición, señala que como exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), desde el 12 de julio de 2021, nombrado por el expresidente Lasso fue delegado para presidir el directorio de EMCO. Al presidir los directorios «utilizaba su influencia para incidir en las posteriores designaciones de las distintas empresa públicas, ya que las funciones como presidente de EMCO presentaba a los miembros del directorio la valoración favorable de la terna para que se asignen los gerentes de las empresas públicas».

Antonio Icaza relata que fue gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y que sería parte de la corrupción. En el caso de Leonardo Cortázar menciona la Procuraduría menciona que se trata de un supuesto empresario accionista de Bautini S. A. contratista de maquinaria industrial, «operador de Rubén Chérres que respondía a Danilo Carrera cuñado del expresidente Guillermo Lasso».

Gabriel Massuh cita una versión en la que se apunta al procesado como «un operador de este grupo en el gobierno del expresidente Rafael Correa y fue una de las personas que se encargó de vender equipos de espionaje e inteligencia a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)».

Karen Cornejo se la señala como parte de la red por estar asociada con las empresas Contraselec y Codelectric y en calidad de gerente de esta última. Ella sería parte del esquema de Cortazar para asegurarse millonarios contratos. Ericka Farías habría sido representante legal de ElectricaOdeth y figura con un contrato de 775.118 dólares.

La Procuraduría en su acusación particular establece que «ejercieron el mando: Danilo Carrera, Rubén Chperrez (+), Hernán Luque, Antonio Icaza y Leonardo Cortázar. Colaboraron Karen Cornejo y Tatiana Farías«. El delito acusado es posible delincuencia organizada y el objetivo final era la obtención de beneficios económicos.

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