Caso Celu: El excontralor Pablo Celi y Luis Miño recibieron cargos por presunto tráfico de influencias

El juez Marco Vinicio Rodríguez dictó arresto domiciliario para el excontralor Pablo Celi y prisión preventiva para Luis Miño. (Foto Fiscalía)

El excontralor Pablo Celi fue procesado este martes 25 de junio por el presunto delito de tráfico de influencias junto con el exfuncionario Luis Miño. La Fiscalía presentó cargos para los dos sospechosos por el presunto desvanecimiento de una glosa para una operadora de celular. Para Celi es el tercer caso que se abre en su contra. Él ya fue sentenciado por presunta delincuencia organizada y fue investigado por supuesto cohecho en el caso conocido como china CamC.

La audiencia de formulación de cargos se realizó la tarde de este martes en la Corte Nacional de Justicia. Celi recibió arresto domiciliario y para Miño se dictó la prisión preventiva con el pedido de su localización y captura. Durante la diligencia la fiscal Diana Salazar presentó más de 30 elementos de convicción para el excontralor y el exdirector de Responsabilidades de la Contraloría que apuntan a una posible responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.

En su exposición la fiscal Salazar recordó que el 10 de septiembre de 2018, la Contraloría emitió un informe de examen especial por una adenda para la asignación de una frecuencia adicional otorgada por el Estado, en favor de la empresa Conecel. En el documento se habría determinado una responsabilidad civil culposa (glosa) por 111,9 millones de dólares, «debido a que el costo de las bandas adicionales entregadas a la referida empresa debió ser de 291’900.000 dólares y no de 180’000.000 dólares, monto que fue aprobado por las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control (Arcotel)», señala la Fiscalía en un comunicado.

Luego de esa decisión Conecel habría introducido unos supuestos estudios en los que se incluían informes elaborados por tres consultoras contratadas, con base en los que el excontralor habría dispuesto el desvanecimiento de la glosa a través de Miño quien habría ejercido influencia hacia sus subalternos.

Salazar manifestó que uno de esos subalternos fue el analista a cargo del expediente, quien se habría negado a desvanecer esta responsabilidad civil, por lo que habría mantenido una reunión personal con Celi para exponerle la ilegalidad que representaría la eliminación de esta glosa. Pero el excontralor no habría acogido ese criterio, afirmando que la determinación de responsabilidad en contra de Conecel habría sido fruto «de un exceso de sus equipos auditores», lo que demostraría el conocimiento y voluntad del procesado, respecto a estos hechos.

Versiones, oficios, memorandos y el expediente de glosa que concluyó con la resolución con la que se resolvió su desvanecimiento de la glosa, fueron parte de los elementos mencionados. Además, informes periciales practicados a publicaciones de la empresa telefónica, al celular de Pablo Celi, de extracción y materialización de los correos electrónicos de los investigados, un informe pericial de derecho administrativo, entre otros.

El juez nacional Marco Vinicio Rodríguez ordenó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por 50.000 dólares. La instrucción fiscal durará 90 días. La pena para el delito, en el caso de que los investigados sean hallados responsables es de tres a seis años de cárcel.

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