Audiencia preparatoria para tres jueces de Guayas investigados por posible prevaricato

Tres jueces de Guayas fueron investigados por posible prevaricato.

Este miércoles 14 de febrero de 2024, a las 09:00, se ha convocado a la audiencia preparatoria de juicio en contra de tres jueces, uno de primera instancia y dos de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. La diligencia por posible prevaricato por la supuesta desnaturalización de acción de protección en contra de resoluciones en juicios ordinarios, se desarrollará en la Corte Nacional de Justicia.

En la diligencia la Fiscalía presentará su dictamen en contra de los tres sospechosos quienes, a la fecha de los hechos investigados, se desempeñaban en la calidad de jueces, uno de primera instancia y de la Sala Familia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

En octubre del año pasado la Fiscalía formuló cargos en contra los jueces. Según información que reposa en la página web de ese organismo, la investigación del caso se originó en la sentencia de la Corte Constitucional 2231-22-JP/23 del 7 de junio de 2023 que había señalado que los investigados vulneraron el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central del Ecuador. También puede leer: «Caso Isspol: Jueves inicia nueva audiencia preparatoria por Decevale en Guayaquil«

Durante la diligencia el fiscal subrogante, Wilson Toainga, presentó varios elementos de convicción en contra de los sospechosos. Entre ellos versiones, oficios, acciones de personal y documentos de entidades del Estado. Además, la sentencia de la Corte Constitucional en la que menciona que dos de los tres judiciales “habrían incurrido en error inexcusable al aceptar una acción de protección que dejó sin efecto una medida cautelar ordenada en un proceso penal, desnaturalizando la garantía jurisdiccional”.

Mientras que el tercer investigado habría incurrido en esas acciones al supuestamente haber alterado arbitrariamente la decisión para incluir nuevas víctimas no contempladas en ella, contraviniendo la norma expresa.

El fallo de la Corte Constitucional dio cuenta de que la acción de protección ordenó la restitución de 7,3 millones de dólares y luego 5,2 millones de dólares a los accionantes, en este caso liquidador de las empresas Ibicampus S.A., Lemantec S.A, Multiregi S.A. y Multisun S.A. Asimismo a exaccionistas de la empresa Judamain S.A. Eso, según la Fiscalía causó un perjuicio al Estado.

El caso fue conocido por el juez Felipe Córdova quien concedió medidas sustitutivas a los procesados como la presentación periódica una vez al mes en la presidencia de la Corte Provincial de Guayas y la prohibición de salir del país y de enajenar bienes. La instrucción fue dispuesta para una duración de 60 días.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 268, contempla una pena de entre cinco y siete años a quienes sean hallados culpables del delito

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